El hecho de que España facilitase la residencia oficial de su embajador para que Edmundo González fuera extorsionado por dos altos cargos del régimen chavista antes de ser deportado a España exige una explicación inmediata del Gobierno. Esta es la segunda vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone el territorio español –aunque la residencia diplomática en Caracas sólo lo sea bajo el principio de extraterritorialidad– a disposición de los jerarcas de un régimen dictatorial para que perpetren sus fechorías. La vez anterior fue la noche del 19 de enero de 2020 cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez intentó entrar en España vulnerando las sanciones de la UE y el entonces ministro José Luis Ábalos acudió a reparar el entuerto, aunque nunca se hayan aclarado los detalles de su misión. En este caso, se ha permitido que se amenazara al legítimo vencedor de unas elecciones para que fuera deportado bajo la excusa de ofrecerle asilo, aceptando como condición que firmase un documento insanablemente nulo. El papel del embajador español en Venezuela, Ramón Santos Martínez, en este episodio ha sido lamentable. Santos, que debió proteger a González en todo momento desde que este manifestó la intención de acogerse a la protección de la legación española, deberá explicar por qué permitió que la vicepresidenta y su hermano, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, ingresaran en la residencia e iniciaran tratativas con González. El diplomático español ha inscrito su nombre en el derecho internacional, ya que no hay muchos precedentes de que a un asilado político se le exponga al trato directo con las mismas personas que han provocado que esté solicitando amparo por mucho que éste, bajo presión psicológica, haya aceptado recibirlos. Puede ser que finalmente se haya terminado prestando auxilio a González, pero lo cierto es que todo indica que España ha contribuido a eliminar un escollo para Nicolás Maduro de la peor manera posible para la causa de los demócratas venezolanos. García-Margallo, exministro de Exteriores con Rajoy, lo explicaba ayer con un símil taurino: «Cuando hay que sacar un toro de la plaza, unos lo pican, otros lo citan y alguien abre la puerta de toriles». Capítulo aparte merecen las mentiras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que, cuando dijo que España no había negociado nada con la dictadura bolivariana, omitió estos relevantes hechos relacionados con la salida de González. No hay que olvidar que el candidato llevaba casi todo el mes de agosto refugiado en la Embajada de Países Bajos y nunca se ha explicado por qué la abandonó y se trasladó a la residencia del embajador español. Es significativo que cuando González entró en la residencia neerlandesa, la diplomacia chavista protestó ruidosamente, cosa que no ocurrió cuando quedó bajo la tutela del embajador Santos. El propio González ha expuesto los términos en que percibió lo ocurrido en la residencia y ha usado la palabra ‘coacción’. Ayer, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió la dimisión del ministro y el cese del embajador en Caracas «porque la diplomacia española no puede estar al servicio de un régimen dictatorial». Es probable que Feijóo se quede corto ya que es inconcebible pensar que los hechos de Caracas, que constituyen un baldón impresentable para la diplomacia española, se hayan producido sin la intervención del presidente del Gobierno y su asesor especial para Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero.
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Author : (abc)
Publish date : 2024-09-20 00:22:34
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Mentiras y complicidades
