La vivienda emergió como principal problema de los españoles en el barómetro del pasado diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Desde 1985, fecha en la que se empezó a realizar esta encuesta, es la segunda vez -la otra fue en plena burbuja inmobiliaria en septiembre de 2007- que el acceso a la vivienda figura en el primer lugar desplazando a problemas tan enquistados como el paro o el terrorismo. Esta vez, además, ha sido una de las preocupaciones que, desde su aparición, en 2023, más rápido se ha situado en el primer lugar, un incremento que revela que el Gobierno no sólo no ha dado con la tecla para resolver el problema, sino que muy posiblemente haya contribuido a agravarlo con sus medidas. La ley de Vivienda, promulgada en mayo de 2023 tras ser anunciada por Bildu, no sólo ha introducido elementos para intervenir los precios, mediante la declaración de zonas tensionadas o la creación del índice de referencia de arrendamientos de vivienda (IRAV) publicado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sino que ha fomentado la reducción de la oferta rebajando los requisitos para ser considerado ‘gran tenedor’ o rompiendo el equilibrio jurídico entre arrendatario y propietario al obligarle a éste último a asumir el costo de las políticas sociales que deberían recaer en el Fisco. Vista esta situación, que el Partido Popular comparezca en el debate mediante la llamada Declaración de Asturias suscrita por sus presidentes autonómicos, resulta oportuno. Lo hace, además, centrando sus propuestas en tres puntos, el primero es la ampliación de la oferta de vivienda, un ángulo permanentemente olvidado por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de la izquierda radical, cuyas iniciativas suelen recalentar la demanda más que promover su racionalización. En segundo lugar, se recurre a rebajas fiscales, principalmente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que quedará en el 4 por ciento en las comunidades gobernadas por el PP , y que tiene la virtud de aplicarse directamente, sin tener que superar el papeleo burocrático que suponen otro tipo de bonificaciones que hay que reclamar al Estado. Y en tercer lugar, hay medidas para que los propietarios recuperen la confianza y saquen al mercado sus viviendas, aumentando la oferta. Para ello, el PP promete derogar la ley de Vivienda del actual Gobierno y avanzar en el desbloqueo de la ley antiocupación que aprobaron en el Senado. La portavoz de los socialistas, Esther Peña, ha dicho que el plan del PP pretende «especular» con la vivienda al poner el énfasis en el aumento de la oferta, mientras que Salvador Illa «ha conseguido que en los últimos meses se haya frenado hasta en un 5 por ciento el aumento de los precios del alquiler en lugares tensionados». Su imprecisión sólo puede atribuirse a la incompetencia o a la mala fe. El dato del 5 por ciento se reveló en octubre pasado y se refería a los dos primeros trimestres de 2024. Illa fue investido en agosto y los 141 municipios tensionados se promulgaron en marzo, por lo que resulta dudoso que el dato refleje algún tipo de causalidad. Hoy, el presidente del Gobierno tendrá su turno para presentar su propio plan de vivienda. No podemos más que esperar que este diálogo de propuestas entre el Ejecutivo y la oposición desemboque en la derogación o reforma de los aspectos más dañinos de la actual ley de Vivienda que se ha transformado en un ‘sólo sí es sí’ habitacional. Nada contribuye más al respeto hacia la propiedad privada que tener una y disfrutar de ella. La preocupación por el acceso a una vivienda debe ser atendida para no frustrar los proyectos de vida de toda una generación y sería bueno encontrar al PSOE allí.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-01-12 20:40:00
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El PP apuesta por la oferta
