Un nuevo informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales c ritica que Castilla y León, junto a las comunidades de Galicia y Aragón, han «hecho caja» con el incremento que ha aportado el Estado a la dependencia dentro de su plan de choque (2020-2023). Y es que, según apunta el documento, los tres territorios han usado ese aumento de fondos nacionales para «aliviar sus arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes». Una afirmación que rechazó ayer tajantemente la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco . «No podemos estar de acuerdo», consideró al valorar el nuevo estudio, y defendió que durante el año 2022 Castilla y León «hizo un esfuerzo» de 502 millones de euros destinados de «sus presupuestos» para sufragar el sistema, mientras que el pasado ejercicio el desembolso de fondos autonómicos fue de 516 millones. «Por contra, el Gobierno central pone 300 millones de euros», remarcó. Y es que, según subrayó, si algo pone también de manifiesto el informe es el «déficit» que el Ejecutivo nacional «sigue teniendo con Castilla y León», ya que la legislación recoge que la financiación de la dependencia tiene que hacerse al cincuenta por ciento entre las autonomías y el Estado. «La Comunidad sigue aportando el 63 por ciento», defendió la consejera. Un porcentaje que según el documento se encuentra entre los más bajos del país, por delante de Galicia (59 por ciento), La Rioja (59) y Andalucía (62) y por detrás del País Vasco (84) y Navarra (81), que lideran el ranking. La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales asegura en el texto que son tres las regiones que en el periodo de 2020 a 2023, en el que el Gobierno ha incrementado su aportación dentro del denominado plan de choque, han «disminuido el gasto en atención a personas en situación de dependencia». Según sus cálculos, en Castilla y León esa caída de la financiación propia ha sido de 34,7 millones de euros , un 6,3 por ciento; en Galicia, de 6,4 millones, un 2,1 por ciento menos, y en Aragón, de 3,2 millones, con un 1,6 por ciento de descenso. Ante estos datos, Blanco consideró que la Comunidad «lleva mucho tiempo haciendo esfuerzos para mejorar» la atención. De hecho, recordó que en el mismo informe que se publicó ayer se incluye que Castilla y León es la tercera con mayor inversión por habitante en dependencia, con 342,6 euros, por detrás de País Vasco (428,5) y Extremadura (378,6). Además, la Comunidad figura en sexta posición en cuanto a inversión por persona potencialmente dependiente, con 1.967 euros, mientras que el promedio estatal se sitúa en 1.815 euros. « No tenemos lista de espera y somos líderes en prestación de servicios a la dependencia , como bien ha puesto de manifiesto en otras ocasiones la Asociación de Gerentes en sus informes», insistió la vicepresidenta de la Junta, quien rechazó que Castilla y León «haga caja» con el sistema de dependencia. Aseguró, además, que seguirá exigiendo al Gobierno que llegue a aportar el 50 por ciento que recoge la ley y una «financiación justa» para «seguir prestando esa atención de calidad a la dependencia que ahora mismo tenemos». En el año que cumple la mayoría de edad la Ley de Dependencia, la asociación estatal denuncia el incumplimiento de las administraciones públicas que han convertido derechos subjetivos en «efímeros y de papel». En este sentido, se recuerda que se trata de una política de interés de la ciudadanía.
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Author : (abc)
Publish date : 2024-09-24 06:14:12
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La Junta niega que haga «caja» con la dependencia y apunta al Gobierno
